Importante esté artículo, donde la falta de oportunidades, empleo digno, nos está afectando, y no solamente es a Colombia, es a toda Latino-américa, debido a las desigualdades sociales, ambientales, de nuestros entornos, Ignacia Fernández de RH Blog Humanum, nos trae el artículo que se lo dejo, para que ustedes lo lean.
Por Ignacia Fernández
El trabajo es el medio de integración social por antonomasia. Es fuente de subsistencia, de identidad y de prestigio social. Pero en la actualidad hay millones de personas que trabajan en condiciones poco dignas: jornadas mal definidas, sueldos bajos, escasos derechos y falta de protección médica y social, son algunos de los elementos que caracterizan la situación de empleo precario de grandes grupos de la población latinoamericana.
Aún en la actualidad, constatamos que el lugar donde nacen y viven los habitantes de América Latina determina fuertemente las oportunidades de acceso a empleos de calidad. Por eso, planteamos que es urgente la generación de trabajos en la región. Pero no se trata solo de crear nuevas plazas. Ese es el piso mínimo. Debemos preguntarnos también qué tipo de empleo y en qué condiciones para el trabajador.
Trabajos bien remunerados, formalizados y con protección social permiten a las sociedades avanzar en seguridad y bienestar de su población, en tanto que la informalidad es un factor determinante de la pobreza y las desigualdades de ingresos en muchos países (OIT, 2013). Por eso es que la alta informalidad laboral y la existencia de condiciones de empleo precarias constituyen una prioridad de las agendas de desarrollo de nuestra región.
En el “Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2013”, elaborado por Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, analizamos en profundidad esta desigualdad de acceso a oportunidades para empleos de calidad al interior de los países y en ese marco planteamos una serie de recomendaciones de reformas institucionales, para promover la generación de buenos trabajos.
Exponemos en nuestra investigación que parte importante de los determinantes institucionales y económicos del trabajo decente tienen una clara expresión territorial. Eso explica por qué, al interior de los países, las posibilidades de acceder a un empleo de calidad se distribuyen de manera tan desigual.
Las dificultades que trae consigo el empleo precario constituyen pesados obstáculos no solo para quienes las vivencian, sino también para el desarrollo equitativo de los países de la región.
Proponemos que territorios con una estructura productiva con menor peso del sector primario o donde éste genera mayores encadenamientos productivos (mayor presencia de sectores de alta productividad), mejor calidad de políticas públicas (de fomento al desarrollo económico y al desarrollo social) y más diálogo social (mayor sindicalización, más instancias de diálogo tripartito y negociación colectiva) tendrán más altos niveles de empleo de calidad.
Desde la perspectiva del tema que nos ocupa en nuestro Informe 2013, el diagnóstico que elaboramos nos lleva a preguntarnos por el tipo de reformas institucionales que es necesario emprender para que las posibilidades de acceder a un empleo de calidad de quienes habitan en un determinado territorio no dependan únicamente de las características de la estructura económico-productiva. Frente a esto, distinguimos varios ámbitos de reformas.
Reformas tendientes a modificar la estructura productiva de sectores y territorios de baja productividad; reformas en el diseño y ejecución de políticas públicas laborales y de protección social; reformas que apelan a la necesidad de incrementar el poder de decisión de los gobiernos locales (descentralización), de manera tal de permitir una mayor adaptación de las políticas nacionales a las necesidades locales y complementarlas con respuestas específicas a dichas necesidades; políticas de apoyo específico a los territorios más rezagados, para ir reduciendo las brechas existentes tanto en la calidad del empleo como en otros indicadores socioeconómicos; e impulsar procesos de fomento al diálogo social para la búsqueda de acuerdos, desde la promoción de estándares laborales que fijen condiciones mínimas aceptables, hasta el fortalecimiento de la negociación colectiva y la eliminación de prácticas anti-sindicales.
Estoy convencida que desde la perspectiva territorial, resulta clave que el avance en la legislación y normativa nacional en estas materias se conjugue con políticas de desarrollo territorial, que permitan potenciar las capacidades sociales, políticas e institucionales de los territorios, de manera tal que los actores sociales en los territorios interactúen y vayan construyendo sus formas de acción colectiva de la forma, con los ritmos y con los objetivos que ellos mismos valoren y sean capaces de implementar.
La severa desigualdad territorial es una realidad significativa en América Latina, en ámbitos tan diversos como la pobreza, la salud, la educación, la actividad económica, la seguridad ciudadana o la igualdad de género. Nuestra preocupación por generar empleo de calidad es fundamental para reducir la pobreza y las brechas territoriales en la región, ya que estas desigualdades constituyen una injusticia y un gran obstáculo para el desarrollo de las personas y de los países en su integralidad.
La severa desigualdad territorial es una realidad significativa en América Latina, en ámbitos tan diversos como la pobreza, la salud, la educación, el empleo, la seguridad ciudadana o la igualdad de género. Nuestra región parece estar siendo exitosa en reducir el número de familias que viven en condición de pobreza, pero no podemos decir lo mismo respecto de la desigualdad, que no solo no disminuye, sino que en ocasiones, se acrecienta.
El Informe Latinoamericano 2013 profundiza y complementa la información sobre brechas socioeconómicas estudiadas en el Informe 2011, analizando su evolución e incorporando al estudio una dimensión adicional, referida a ladesigual distribución territorial de las oportunidades de acceso a empleos de calidad, condición clave para superar la pobreza.
El equipo de coordinación general agradece el apoyo financiero de las instituciones que permitieron la producción de este informe, el International Development Research Center – IDRC, Canadá y el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola, FIDA.
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