Luego de una formidable defensa adelantada por mis abogados, doctores Iván Acuña y Billy Torres, la Juez Penal 32 de Garantías de Bogotá, negó la solicitud de revocatoria de la medida cautelar a mi impuesta. Ellos, a través de una sólida argumentación jurídica sustentada en nuevos elementos de prueba, debidamente concretados en testimonios y documentos, demostraron que no se cumplen ninguna de las causales que la ley señala para que siga privado de la libertad.
La Juez, sin embargo, sin siquiera valorarlos, desestimó los elementos presentados, no fundó su negativa de la revocatoria solicitada en sí procedía o no -verificando dichos elementos de conformidad con la ley-, sino que puso el acento en los presuntos delitos que se me imputan cual si se tratara de la etapa del juicio.
Llamo la atención de los sectores democráticos del país sobre la alarmante tendencia que pareciera abrirse camino, de algo semejante a la subordinación de la Rama Judicial, o por lo menos de algunos de sus sectores, al poder de la Fiscalía a todas luces desbordantes del Estado de Derecho. Recientes voces de alerta e inconformidad de jueces y funcionarios judiciales en tal sentido es clara manifestación de ello. El Fiscal 24 de Magangue, Gustavo De La Osa, tal como hizo en la audiencia de imputación de cargos adelantada en mi contra en octubre, en esta nueva audiencia también presentó datos que no corresponden a la realidad. Para verificarlo, basta escuchar y comparar los registros audiovisuales de ambas audiencias. No me extrañaría que ese oscuro recurso de los testigos falsos hiciera su aparición en este proceso, en el cual se me quiere crucificar, no sólo para escarmentar la osadía de que una fuerza democrática ganara con mi elección como alcalde a un añoso dominio regional de corte mafioso, sino para que, en lo por venir, desista por el miedo a las represalias quién quiera que piense de nuevo intentarlo.
Bogotá, Cárcel Nacional La Picota, 29 de diciembre de 2017
Comentarios