Opinión de Patricia Lara Salive
Ese dicho tan común solo retrata lo que uno entiende al hacer sicoanálisis: que en la mayoría de los casos, cuando se les atribuyen a otros ciertas conductas, se proyectan comportamientos propios en el “acusado” de turno. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando los maridos borrachos levantan a fuete en las madrugadas a sus esposas dormidas en sus casas mientras ellos sacian su testosterona con las amantes de turno.
Pues bien, eso fue lo que sucedió en el pleito del expresidente Álvaro Uribe y el senador Iván Cepeda. Resulta que, en 2010, cuando Uribe terminó su presidencia, Cepeda llegó a la Cámara y fue elegido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo. Entonces comenzaron a llegarle muchas quejas de presos sobre malos tratos en las cárceles y él empezó a visitar a los presos. Una vez, un tipo le dijo que, en la cárcel, iban a matar a Popeye, jefe de sicarios del capo Pablo Escobar. Entonces apareció Juan Guillermo Monsalve, ex trabajador de la finca Guacharacas de los Uribe, quien acusó al expresidente de estar relacionado con paramilitares. Cepeda lo grabó, en 2012 hizo un debate en la Cámara contra Uribe y le entregó las grabaciones a la Fiscal General Viviane Morales, quien abrió un proceso sobre la creación del Bloque Metro y la masacre de San Roque.
Monsalve le informó a Cepeda que habían intentado apuñalarlo en la cárcel y le entregó unas fotografías del grupo paramilitar en la Hacienda Guacharacas. Entonces apareció el ex paramilitar ‘Tuso’ Sierra, que sostenía que lo habían visitado en la prisión para convencerlo de que testificara contra Uribe.
Cepeda continuó el debate y el expresidente lo demandó penalmente por calumnia y manipulación de testigos. El caso lo estudió la Corte Suprema de Justicia, organismo competente para juzgar a los funcionarios electos y, en 2018, desestimó las acusaciones de Uribe contra Cepeda. En cambio, empezó a investigar al expresidente Uribe, y la torta se volteó: así, Uribe, de acusador, pasó a ser acusado.
En 2020, la Corte Suprema (durante el gobierno de Iván Duque, para información del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio), le dictó orden de captura al expresidente Uribe, quien tuvo como cárcel, durante unas semanas, su finca El Ubérrimo. Pero Uribe, que en ese momento era senador, renunció al Senado. Por esa razón, su caso fue trasladado de la Corte Suprema a la justicia ordinaria, en la que formalmente fue acusado en 2023.
El juicio comenzó en febrero de este año y terminó el pasado lunes, después de miles de vicisitudes, cuando una juez valiente, nacida en Alpujarra, Tolima, Sandra Liliana Heredia, graduada como abogada en la Universidad Cooperativa de Colombia, que en 1994 comenzó su carrera en Melgar como notificadora de juzgado y subió peldaño a peldaño hasta llegar, en el 2018, a ser Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, leyó su sentencia condenatoria contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez por los delitos de presunto fraude procesal y soborno de testigos.
El expresidente tiene derecho a apelar, y va a hacerlo. Y dispone de dos instancias para ello: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.
Sin embargo, esa sentencia de primera instancia de esa juez valiente cambió la historia de Colombia.
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