Multa de $759.200 que pondrán a quienes viven en conjuntos por esta práctica que prohíbe exigente ley

Las personas que viven en conjuntos residenciales y desean realizar remodelaciones en sus apartamentos deben tener en cuenta lo dispuesto por la Ley 675 de 2001. Esta norma establece que solo están permitidas las intervenciones consideradas como arreglos locativos, es decir, aquellas que implican cambios internos como la renovación de baños, cocinas o pisos, sin alterar la estructura del inmueble. No obstante, este tipo de obras, aunque menores, generan una cantidad significativa de escombros y residuos de construcción. En consecuencia, es fundamental que los propietarios o arrendatarios gestionen de forma adecuada estos desechos, ya que su disposición indebida puede acarrear sanciones económicas, tanto por parte de las autoridades como de la administración del conjunto. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, contenido en la Ley 1801 de 2016, contempla sanciones para quienes arrojen escombros en lugares no autorizados. ¿De cuánto es la multa por botar escombros en conjuntos residenciales? De acuerdo con esta norma, quienes incurran en esta práctica pueden ser sancionados con una multa tipo 4, que equivale a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes que corresponden a total de $759.200. Esta medida busca promover el respeto por el espacio público y la convivencia entre vecinos. Adicionalmente, si el reglamento interno del conjunto residencial lo establece y ha sido aprobado previamente por la asamblea de copropietarios, la administración también puede imponer una sanción adicional al residente que infrinja la normativa interna sobre el manejo de residuos. Cabe señalar que la obligación no recae únicamente en los residentes. Los conjuntos residenciales también pueden ser objeto de sanciones si no cumplen con la normativa vigente sobre la gestión de residuos sólidos. La Ley 1259 de 2008 establece que, en casos graves o reiterativos, se puede ordenar la suspensión o cancelación del registro o licencia de edificaciones, establecimientos de comercio o fábricas desde donde se incumplan las disposiciones sobre aseo y manejo de escombros. La reincidencia en esta conducta puede acarrear consecuencias aún más severas. La ley prevé la posibilidad de imponer penas privativas de la libertad a quienes incurran reiteradamente en estas infracciones. Además, los infractores pueden ser obligados a prestar un día de servicio social, como parte de una estrategia pedagógica para fomentar prácticas responsables en el manejo de residuos y fortalecer la conciencia ambiental.